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EL TRABAJO SOCIAL Y EL LABERINTO DE LA VIVIENDA por PGL

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La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (2013) reduce el tiempo mínimo de un contrato de alquiler de 5 a 3 años y su prórroga de 3 años a 1.

Esta Ley pretendía reducir el número de viviendas vacías, flexibilizando el mercado, pero los efectos han resultado perversos.

Durante el primer semestre de 2018 están finalizando una serie de contratos que se firmaron bajo la LAU de 1994: los firmados antes del 5 de junio del 2013, los que finalizan su prórroga de los 3 años firmados en el 2010, los de tácita reconducción firmados antes del 2010… y además todos los firmados bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 tras la reforma del 2013, en el caso de que no se haya firmado nuevo contrato…

Hasta ahora las personas/familias habían mantenido unos precios de alquiler pactados en época de crisis pero a la finalización se encontrarán con unos precios mucho más elevados.

Es decir, que la realidad que nos encontramos los trabajadores sociales hoy, es que en un mercado alcista en cuanto al precio de los alquileres, al finalizar sus contratos, las familias descubren que los alquileres se han incrementado (en torno a un 20 por ciento en Madrid, por ejemplo), lo que, de hecho, implica la exclusión residencial para muchas familias normalizadas cuyos ingresos mensuales oscilan entre los 1000 y los 1500 euros, o menos.

La recomendación –y en muchos casos la exigencia a la hora de firmar un contrato- es que el gasto del alquiler no supere el 30% de los ingresos totales demostrables. Resulta cada vez más difícil encontrar alquileres en Madrid que no superen los 500 euros.

Ni que decir tiene que con un precio tan alto de los alquileres quedan excluidos del mercado las personas/familias con RMI, PNC e incluso con pensiones mínimas o trabajadores con el salario mínimo interprofesional, pero también los sueldos que no superen los 1600 euros.

Los residentes habituales de una gran parte de barrios del centro de las grandes ciudades serán poco a poco desplazados por otros ciudadanos con ingresos superiores o destinados a apartamentos turísticos. Este proceso de gentrificación afecta también a los comercios de los barrios, no solo en el precio de los locales, sino también en que, al cambiar la tipología de los vecinos –y no digamos si son turistas-, implican una demanda de productos diferentes y los comercios tradicionales como mercerías, ferreterías, zapaterías, tendrán que cerrar, reinventarse o desplazarse hacia otras zonas.

En cuanto a la vivienda social, la oferta es claramente insuficiente. Los requisitos y los plazos excluyen a una buena parte de la demanda. Pero además la situación se torna, por momentos, insostenible para un gran número de familias que hasta ahora vivían de manera normalizada y que en la actualidad se sienten perdidas ante la imposibilidad de alquilar en su barrio, en su zona, en su ciudad…